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Pese a los desastrosos ejemplos aunados a la aplicación de las recetas económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI) en los países latinoamericanos (ver el caso más reciente en Argentina), en febrero de este año Lenín Moreno, presidente de Ecuador, celebraba que el país sudamericano accedería a un préstamo de dicha organización financiera, revirtiendo así el distanciamiento que mantuvo el expresidente Rafael Correa con la misma.

Lenín, quien resultó electo en los comicios electorales de 2017, anunció un préstamo del FMI por US$4.200 millones y otro más por US$6.000 millones de otros organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En palabras del Ministro de Finanzas, Richard Martínez, el programa crediticio vendría con un acompañamiento de los organismos que permitirá modernizar la económica ecuatoriana.

“No se trata solo de resolver problemas de orden fiscal sino de aplicar reformas estructurales para transformar la economía hacia un modelo más moderno. Este tipo de acuerdo permite el acompañamiento para que esa transición no afecte a los más pobres”.

Richard Martínez, Ministro de Finanzas.

Además, Martínez añadió que “no se trata de un crédito stand-by, sino de Servicio Ampliado que garantiza tener un mayor plazo para aplicar reformar profundas”.

Hago un paréntesis aquí para mencionar que la ayuda financiera (préstamo) que otorga el FMI viene condicionada con la aplicación de una política económica (lo que necesariamente implica reformas estructurales) elaborada por la misma organización para resolver “distorsiones importantes” y de la cual dependen los desembolsos periódicos que sumarán el préstamo total.

Para el caso de Ecuador, del total de US$10.200 millones, US$6.700 millones son de libre disponibilidad y los restantes US$3.500 millones se encuentran sujetos a proyectos de inversión.

¿Caso de excepción?

En línea con las condiciones del FMI, el martes 1 de octubre Lenin Moreno anunció el paquete de reformas económicas y laborales (para reducir el aparato burocrático) que regirán al país. De entre las que destacan: la reducción de 20% en los salarios para contratos temporales del sector público, recorte de 30 a 15 días de vacaciones para empleados públicos, así como la eliminación de los subsidios a los combustibles; la medida más controversial.

Para el jueves, las protestas ante la subida del precio del diésel y la gasolina (que aumentaran el costo de vida) llevaron al presidente a decretar el “estado de excepción”.

De acuerdo con la Constitución de Ecuador, durante el estado de excepción de 60 días, el presidente puede establecer zonas de seguridad, disponer del empleo de las fuerzas armadas, censurar a los medios de comunicación y trasladar la sede del gobierno, lo que ya ha hecho al desplazarse a Guayaquil.

Si bien la huelga de transportistas terminó después de 2 días, el malestar generado por el “paquetazo” económico (como se conoce internamente a las reformas de Lenín Moreno), ha dado lugar a nuevas protestas en Ecuador.

Con la extradición de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, la salida de Ecuador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a principios del 2020, el distanciamiento de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y el acercamiento a organismos neoliberales, no cabe duda que Lenín Moreno ha roto con el partido de izquierda “Alianza País” al buscar alinear a Ecuador con la agenda global de Estados Unidos convirtiéndose así en un gobernante de derecha.