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En 2016, el gobierno saudí anunciaba “Visión 2030” (Saudi Vision 2030, en inglés), un proyecto de reformas para modernizar la sociedad, reducir la dependencia del petróleo y diversificar la economía del reino, el segundo país con las mayores reservas petroleras a nivel mundial y uno de los mayores productores de petróleo desde finales de los años 70.

La reforma más ambiciosa del plan incluía la venta (salida a bolsa de valores en 2016 pero que se ha postergado hasta 2021) de hasta el 5% de las acciones de la empresa estatal Saudi Aramco, la mayor petrolera y al mismo tiempo la empresa más rentable del mundo superando las ganancias conjuntas de Apple, Facebook y Microsoft según datos difundidos por Moody’s en abril de este año. 

Con el plan “Visión 2030”, el príncipe heredero (y hombre más poderoso de Arabia Saudí), Mohammed bin Salman (MbS) se posicionaba frente a la comunidad internacional como un líder moderno y reformador, incluso en temas de derechos de las mujeres permitiéndoles acceder a facultades que antes la autocracia de los Al Saud no les permitía.

Aunque hubo un par de sucesos que hacían dudar de la legitimidad de Mbs con la apertura del reino, no fue hasta el asesinato del periodista, Jamal Khashoggi en el Consulado saudí en Turquía, cuando se evidenció que las reformas económicas, sociales y religiosas eran solo una máscara que intentaba cubrir lo represivo de un gobierno que no dejó de cometer atroces violaciones contra los derechos humanos de saudíes tanto al interior como al exterior de sus fronteras.

Para saber más: El delito de Jamal Khashoggi

A casi un año del asesinato del periodista, nada se ha resuelto, ni siquiera se ha logrado recuperar su cuerpo que, según fuentes extraoficiales turcas, fue descuartizado y envuelto en una alfombra para así lograr sacarlo del consulado el mismo 2 de octubre del 2018.

Si bien, se cree que el Tribunal Penal Especializado de Riad está realizando un juicio contra 11 supuestos implicados en el crimen del periodista, la falta de transparencia de las autoridades saudís, así como la nula independencia de su poder judicial han provocado el rechazo de organismos internacionales promotores de derechos humanos que dudan de la veracidad del juicio y exigen se abra una investigación independiente.

De hecho, autoridades saudís están manejando el juicio con tal secrecía que no está permitida la entrada de medios de comunicación, por lo que todo lo concerniente al caso Khashoggi es pura especulación.

Comentarios finales

El desarrollo económico de un país debe ir acompañado del respeto a los derechos humanos. Es un gravísimo error considerar que las sociedades actuales prefieren el primero sobre el segundo, sobre todo si los gobernantes venden una imagen totalmente desfazada de la realidad para generar inversiones.

El asesinato de Jamal Khashoggi sigue impune como también lo siguen los de otros 116 periodistas asesinados en 2018 y 38 ocurridos en tal solo los primeros 6 meses de este 2019 según información de la ONG, Campaña Emblema de Prensa (PEC, por sus siglas en inglés).

Otro error es pensar que la opresión y la censura como resultado del miedo a la oposición son solo instrumentos de tiranos, no hay que irnos a Arabia Saudí o a Venezuela para notarlo.